Solidariogb | Editorial | Eduardo Salgado Reyes
10 de agosto 2026, Londres, Inglaterra.
El 6 de agosto pasado el Tribunal Constitucional de Chile hizo algo que no es habitual: admitió a trámite tres requerimientos de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, la llamada megarreforma impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast. No es que el TC haya dicho que la ley es inconstitucional; eso todavía no se sabe. Pero sí consideró que los argumentos de los parlamentarios de oposición son lo suficientemente serios como para escucharlos. Y eso, en un país donde los proyectos del Ejecutivo suelen pasar con la plancha, ya es un golpe en la mesa.
La megarreforma no es una ley más. Es un paquete que mezcla de todo: reconstrucción post-incendios, rebajas tributarias para grandes inversiones, agilización regulatoria, normas ambientales y pesca. El problema es que en ese batido se metieron artículos que huelen a privilegio para los grandes capitales y a restricción para la ciudadanía común. Por eso senadores del Partido Socialista, del partido Comunes y un grupo de diputados decidieron llevarla al TC. Y por eso nosotros, desde el colectivo de hecho Solidariogb, presentamos un amicus curiae para apuntalar lo que ellos empezaron.
¿Qué se está impugnando exactamente?
El Tribunal va a revisar tres patas de la megarreforma que, a juicio de la oposición, se pasan de rosca con la Constitución.
Primero: la invariabilidad tributaria. La ley dice que si una empresa invierte más de 50 millones de dólares, sus condiciones impositivas quedan congeladas por 10, 15 o hasta 20 años, dependiendo del monto. Eso significa que ni este Congreso ni los que vengan pueden tocar esos impuestos durante dos décadas. Los senadores dicen que eso es una traba a la democracia: una ley ordinaria no puede atarle las manos a las mayorías futuras. Nosotros desde Solidariogb agregamos que esto rompe el principio de solidaridad constitucional. Es decir, el Estado no puede regalarle estabilidad fiscal a los grandes inversionistas mientras la gente común sigue pagando impuestos todos los años sin congelamiento alguno. Eso no es igualdad.
Segundo: la indemnización fiscal por RCA anulada. Si un tribunal anula una Resolución de Calificación Ambiental, el Fisco tiene que pagarle a la empresa por los gastos que haya tenido, sin siquiera revisar si el Estado se mandó una cagada o si la anulación se debió a errores del propio proyecto. Y encima el monto lo fija un tribunal arbitral, sin posibilidad real de revisión judicial, y el funcionario público que aprobó la RCA queda libre de toda responsabilidad. Es un seguro a todo evento pagado con plata de todos. Eso vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
Tercero: las restricciones a la justicia ambiental. La ley pone un tope de seis meses a las medidas cautelares ambientales. Pasado ese plazo, se caen solas, aunque el juicio de fondo siga abierto. También limita quiénes pueden reclamar contra un proyecto con impacto ambiental. Eso deja afuera a comunidades que no participaron en el trámite administrativo, incluyendo pueblos indígenas. Es como ponerle fecha de vencimiento a la protección del territorio.
¿Y qué tiene que ver Solidariogb en esto?
Somos un colectivo de hecho, sin partido ni personería jurídica. No tenemos financiamiento estatal ni empresarial. Pero entendemos que el derecho constitucional no es solo cosa de abogados con corbata. Es cosa de ciudadanos que leen la letra chica y se dan cuenta de que les están cambiando las reglas del juego.
Presentamos un amicus curiae porque el TC necesita más que lo que le entregan los políticos. Los senadores y diputados de oposición hicieron un buen trabajo técnico, pero vienen desde la lógica partidaria. El tribunal, en cambio, no decide por política: decide por constitucionalidad. Entonces nosotros entramos a decirle: esto no es solo una pelea de izquierda contra derecha. Hay ciudadanos que entienden que esta ley reconfigura el Estado social y democrático de derecho en favor de los intereses económicos concentrados.
Nuestro amicus se apoya en jurisprudencia real del propio TC. El fallo de la Ley de Isapres, por ejemplo, estableció que la solidaridad no es una frase bonita de los discursos, sino un principio de orden público objetivo que limita la autonomía privada. La dignidad humana, dijo el tribunal, es la fuente matriz de todos los derechos fundamentales. Cuando la megarreforma congela impuestos para los ricos, socializa pérdidas ambientales en el Fisco y deja afuera a las comunidades de la fiscalización, está quebrando ese pacto. No es ideología: es hermenéutica constitucional aplicada a hechos concretos.
Además, los requerimientos parlamentarios atacan artículos sueltos. Nosotros les mostramos al TC que esos artículos no son errores aislados: forman un patrón sistémico. Cuando ves la invariabilidad tributaria, la indemnización ambiental sin falta de servicio y la restricción de cautelares juntas, no estás viendo tres manchas en la pared. Estás viendo que la estructura se está cayendo. Y los tribunales constitucionales actúan con mucho más firmeza cuando detectan un patrón que cuando ven un error puntual.
¿Por qué importa que ciudadanos comunes metan la cuchara?
El TC de Chile no investiga por su cuenta. No tiene un equipo de abogados saliendo a buscar antecedentes en Google. Revisa lo que le entregan. Entonces cada amicus que entra es material epistémico nuevo que el tribunal está obligado a considerar. Es como cuando en un laboratorio le agregas un reactivo que faltaba: cambia la composición de la mezcla.
Pero hay algo más. Aunque el TC no acogiera todos los argumentos, el amicus queda archivado para siempre. Dentro de diez o veinte años, cuando alguien estudie este período, va a encontrar que hubo resistencia ciudadana organizada contra la concentración de poder económico y la degradación ambiental. Es un registro de disenso institucionalizado: no es una protesta en la calle, que también vale, es una protesta traducida al lenguaje que el Estado entiende. Eso te da posición en la memoria histórica del derecho chileno.
Y cada persona que firma este amicus está haciendo un ejercicio de alfabetización constitucional activa. No está leyendo sobre derechos en un libro, los está ejerciendo con las manos. Eso genera un empoderamiento que trasciende esta causa. Es como entrenar el músculo ciudadano para la próxima pelea, porque esta no va a ser la última.
¿Qué viene ahora?
El calendario es ajustado. El TC fijó audiencia pública para el miércoles 12 de agosto y alegatos para el jueves 13. El Presidente, el Senado y la Cámara tienen cinco días corridos para responder. Después el tribunal tiene diez días hábiles para fallar, prorrogables por otros diez. Es decir, antes de fin de mes deberíamos tener una sentencia.
Si el TC declara inconstitucionales los artículos cuestionados, el proyecto vuelve al Congreso para que los saquen o los cambien antes de la promulgación. Si el TC los salva, la ley sigue su curso. Pero incluso en ese escenario, haber presentado el amicus habrá valido la pena: le habremos dejado al tribunal, a la historia y a la ciudadanía un documento que dice que no todo el mundo se tragó la megarreforma sin leerla.
Desde Solidariogb seguiremos atentos. Porque el derecho constitucional no es un deporte de élite. Es una herramienta que nos pertenece a todos. Y cuando una ley empieza a oler a privilegio, la ciudadanía tiene que meter la nariz y decirlo en voz alta. Eso hicimos. Eso haremos.
Aquí agregamos el Documento en cuestión:
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