SolidarioGB | Editorial | 31 de octubre 2026
El panorama político y económico de Venezuela a finales de 2026 sitúa al proceso bolivariano en una de sus encrucijadas más complejas e inéditas desde su fundación. Las medidas administrativas ejecutadas por el Ejecutivo mediante el Decreto N.º 5.248 del 9 de febrero de 2026—el cual dictaminó la supresión y liquidación de misiones sociales y entes paralelos—no constituyen meros ejercicios de optimización fiscal o reingeniería institucional. Desde una rigurosa perspectiva marxista-leninista y de análisis de la lucha de clases, asistimos a una mutación cualitativa en la naturaleza del aparato estatal venezolano y a una profunda reconfiguración de sus relaciones de producción.
Para el socialismo científico, el Estado no es un árbitro neutral, sino el órgano de dominación de una clase sobre otra. Las estructuras paralelas surgidas al calor del reformismo petrolero, presentadas en su momento como el embrión de un «Estado Comunal», revelan hoy sus límites históricos. Al carecer de un verdadero control obrero directo sobre los medios de producción y encontrarse sujetas a las dinámicas del capital rentista, estas instancias han sido desactivadas verticalmente. La liquidación selectiva de entes responde a las necesidades de acumulación de una fracción burocrática del Estado que opera cada vez más como un «capitalista colectivo», priorizando la centralización del capital en detrimento de las concesiones distributivas a las bases trabajadoras.
Este viraje hacia un capitalismo de Estado pragmático se manifiesta nítidamente en la política económica del Ejecutivo. El desmantelamiento de las misiones ineficientes convive con una agresiva política de apertura al capital transnacional, la firma de nuevos contratos petroleros con consorcios imperialistas y el acercamiento comercial con administraciones extranjeras, incluyendo los flujos de inversión derivados del deshielo diplomático con Washington. Al mismo tiempo, las medidas de austeridad fiscal y el control social a través de mecanismos clientelares de subsistencia, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), actúan como amortiguadores biopolíticos para contener el descontento de un proletariado precarizado, donde la pobreza estructural afecta a 7 de cada 10 hogares, agravada por los inmensos costos de reconstrucción tras el desastre natural de mediados de año.
En el tablero político, la contradicción de clases se agudiza ante el retorno de la oposición oligárquica tradicional, liderada por María Corina Machado. Lejos de representar una alternativa de liberación, esta facción expresa los intereses de la burguesía financiera e inmobiliaria subordinada al capital internacional y a las recetas de ajuste del Consenso de Washington. La pugna actual en Venezuela no se libra entre el socialismo y el capitalismo, sino entre dos modelos de acumulación burguesa: por un lado, una burocracia estatal rentista que defiende sus monopolios y su control sobre el aparato represivo; por el otro, una oligarquía proimperialista que instrumentaliza el legítimo descontento popular para empujar una agenda de privatización absoluta y tutelaje multilateral.
El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de la clase obrera venezolana para romper la falsa polarización burguesa. El pragmatismo gubernamental puede ofrecer estabilidad macroeconómica temporal y un crecimiento del PIB proyectado por organismos internacionales, pero lo hace profundizando la explotación del trabajo y restaurando las relaciones de propiedad privada. Mientras las mayorías populares sigan atrapadas entre la tecnocracia de la «burguesía roja» y la entrega total propuesta por la extrema derecha, la tarea histórica de las fuerzas antiimperialistas y revolucionarias sigue siendo la construcción de una vanguardia con clara conciencia de clase, capaz de rescatar los medios de producción para quienes los trabajan y edificar un verdadero poder popular independiente de la burocracia y el capital.
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