Eduardo Salgado Reyes
Londres, 19 Septiembre 2025
Ecuador se encuentra en un precipicio, atrapado entre la implacable aritmética de su balance y el volátil álgebra de su política callejera. El gobierno del presidente Daniel Noboa, armado con un mandato popular de un referéndum de abril de 2024, ha comenzado la hercúlea tarea de desmantelar uno de los subsidios a los combustibles más arraigados del hemisferio. El objetivo es loable: dejar de perder más de $3.000 millones anuales en una política que fomenta el contrabando y beneficia a los ricos. La ejecución, sin embargo, es un campo minado político que amenaza con desencadenar un *paro nacional* que podría desestabilizar la nación. Pero, bullendo bajo este conflicto inmediato, surge una pregunta más profunda: ¿y si las protestas triunfaran no solo bloqueando la reforma, sino instalando un gobierno comprometido con un camino revolucionario?
El status quo insostenible
Para cualquier economista, el caso para la reforma es irrefutable. El subsidio funciona como un impuesto regresivo a la inversa; los ecuatorianos más ricos, con sus flotas de automóviles, obtienen los mayores beneficios. Paraliza el presupuesto nacional, consumiendo recursos que podrían construir escuelas y hospitales. Distorsiona la economía, incentivando vehículos que consumen mucho combustible y creando oportunidades de arbitraje lucrativas para los criminales que contrabandean combustible barato.
El argumento del presidente Noboa es de pura necesidad pragmática. El resultado del referéndum proporcionó una cobertura política crucial. La planeada “eliminación progresiva” pretende suavizar el golpe, con los ahorros prometidos—estimados en $1.500 millones al año—como la piedra angular de su “Plan Fénix” para combatir la delincuencia. Bajo esta luz, la reforma no es ideología neoliberal sino un imperativo fiscal.
La visión de una transición revolucionaria
La crítica socialista rechaza este marco por completo. Pero más allá de la crítica yace un plan para un cambio revolucionario. Un gobierno de izquierda, probablemente nacido del mismo paro nacional que amenaza a Noboa, vería el subsidio no como un costo sino como una herramienta del contrato social. Su transición sería radical y multifacética.
Primero, declararía la soberanía energética, moviéndose para nacionalizar toda la cadena de valor del petróleo y el gas. Esto no sería un mero nacionalismo de recursos por ingresos, sino un paso hacia el control democrático. El objetivo sería capturar todas las rentas de la extracción, terminando con lo que considera el saqueo por parte del capital privado y extranjero. Estos ingresos financiarían la siguiente fase, no solo cubrirían el subsidio antiguo.
En segundo lugar, implementaría una política de desacoplamiento de emergencia. En lugar de subir los precios, los congelaría por un período de transición mientras implementa un sofisticado sistema de racionamiento y cupos. Los usuarios esenciales—agricultores, pescadores, transporte público y familias de bajos ingresos—recibirían acceso a combustible mediante tarjetas inteligentes, preservando la actividad económica y los medios de vida. El consumo de lujo y el uso de vehículos privados estarían fuertemente gravados o restringidos, reorientando fundamentalmente el subsidio de un derecho universal a un beneficio social basado en la necesidad.
Tercero, y más críticamente, los ingresos ahorrados y las ganancias petroleras nacionalizadas se canalizarían hacia una transición verde urgente y liderada por el Estado. Esto no sería un objetivo a largo plazo sino un proyecto de obras públicas masivo: un programa de emergencia para electrificar la flota nacional de autobuses, construir trenes ligeros en las principales ciudades e invertir en energías renovables. El objetivo sería desmantelar la dependencia estructural de la economía de los combustibles fósiles en una década, transformando el sistema de transporte de un costo privado en un servicio público asequible. La transición se enmarcaría no como austeridad, sino como una “transición justa” que creara miles de empleos verdes mientras corta el vínculo entre el bienestar popular y los volátiles precios internacionales del petróleo.
El polvorín de la agitación social
Para millones de ecuatorianos de bajos ingresos, el subsidio actual es un colchón vital contra la pobreza. Los aumentos de precios de Noboa tienen un efecto inmediato y en cascada: las tarifas de los autobuses suben, el costo de llevar alimentos al mercado aumenta y la inflación se acelera. El dolor lo sienten más agudamente aquellos que menos pueden permitírselo.
Este dolor palpable es el combustible para un paro nacional. La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ha derrocado a tres presidentes, ya está movilizando a su base. Se les unen sindicatos de transporte y movimientos de izquierda, que ven la reforma de Noboa como un ataque injusto. Su amenaza de paralizar el país no es vacía; el recuerdo de las protestas que obligaron al presidente Lenín Moreno a revertir una medida similar en 2019 es aún muy vivo. El dilema de Noboa es profundo: la capitulación destruiría su credibilidad, pero una respuesta represiva podría destrozar su imagen y encender la misma revolución que busca evitar.
Una nación en una encrucijada
Ecuador enfrenta así dos futuros radicalmente diferentes. El primero es el camino de Noboa de ajuste tecnocrático: fiscalmente racional pero socialmente brutal, apostando a que la eficiencia del mercado eventualmente dará estabilidad, pero arriesgando un ciclo perpetuo de disturbios.
El segundo es el camino revolucionario: una apuesta de alto riesgo por una transformación liderada por el Estado. Promete un futuro más equitativo y soberano pero está plagado de riesgos inmensos. Enfrentaría una fuga inmediata de capitales, una feroz oposición interna y externa, y el monumental desafío de construir un nuevo aparato económico casi de la noche a la mañana. Su éxito dependería de un grado de capacidad estatal, construcción de alianzas internacionales y paciencia popular que es difícil de reunir.
La saga del combustible de Ecuador es un microcosmos de una lucha global. Enfrenta un presente pragmático contra un futuro radical. El presidente Noboa apuesta por gestionar la decadencia de un modelo antiguo. Sus oponentes de izquierda envisión el nacimiento violento, contestado y riesgoso de uno nuevo. El mundo observa, porque el resultado resonará mucho más allá de las fronteras de Ecuador, como un caso de prueba de si una transición energética justa puede lograrse desde dentro del sistema, o si requiere su derrocamiento.
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