28 de febrero 2026

Por un Corresponsal en América Latina

En los salones dorados de la Casa Blanca, hace poco más de un mes, se desarrolló una escena que expuso las crudas dinámicas de poder y recursos en las Américas. Donald Trump se reunió con los directores ejecutivos de las principales transnacionales petroleras estadounidenses. Sobre la mesa estaba la propuesta de “inversión” en Venezuela. Sin embargo, según un reportaje del portal neoliberal Bloomberg, los CEOs no se apresuraban a aceptar la oportunidad. Más bien, estaban imponiendo sus condiciones con precisión clínica.

Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, expresó las reservas más contundentes. Recordó a los presentes que los activos de su empresa habían sido “confiscados” por Caracas en dos ocasiones anteriores. Sus preguntas fueron directas: “¿Qué tan duraderas son las protecciones desde el punto de vista financiero? ¿Cómo serán las ganancias? ¿Cuáles son los acuerdos comerciales y los marcos legales?” Concluyó que para que su empresa comprometiera capital durante las “próximas décadas”, estos factores “deben implementarse”. El CEO de Repsol fue más directo, afirmando que su compañía estaba “lista para invertir más en Venezuela hoy” si existía el marco comercial y legal que lo permitiera. La respuesta de Trump fue ofrecer “garantías de seguridad”, mientras que su Secretario de Energía, Chris Wright, admitió que la tarea principal de la administración era “cambiar el comportamiento del gobierno en Venezuela” [contexto del usuario].

Para quienes han seguido las batallas legales entre los estados latinoamericanos y el capital extranjero, la traducción de este lenguaje corporativo es inconfundible. Lo que los ejecutivos petroleros están exigiendo, antes de extraer un solo barril, es que Venezuela sea sometida nuevamente a la jurisdicción del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) , el tribunal arbitral del Banco Mundial. Están exigiendo la firma de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con Estados Unidos y naciones europeas, tratados que incluyen cláusulas que obligan a llevar cualquier disputa a arbitraje internacional, eludiendo efectivamente los tribunales venezolanos y la soberanía nacional [contexto del usuario].

Esta es precisamente la arquitectura que la Revolución Bolivariana, bajo el presidente Hugo Chávez, desmanteló hace más de una década. En enero de 2012, Chávez anunció la denuncia “irrevocable” de Venezuela al convenio del CIADI, decisión que se hizo efectiva en julio de ese mismo año [1][7]. La razón era clara y estaba arraigada tanto en principios como en amargas experiencias. Venezuela había sido arrastrada ante el tribunal múltiples veces tras la nacionalización de activos estratégicos en la Faja Petrolífera del Orinoco. Para mediados de 2012, era el país con más casos pendientes en el CIADI [2].

Caracas argumentó que su adhesión al convenio en 1993 había sido un acto de un gobierno provisional “débil”, presionado por “sectores económicos transnacionales” empeñados en desmantelar la soberanía nacional [2][5]. El gobierno señaló las estadísticas condenatorias: hasta ese momento, el CIADI había fallado a favor de los intereses transnacionales en 232 de los 234 casos que había visto [3]. La pregunta de Chávez fue simple y profunda: “¿Por qué tenemos que ir allá, al Banco Mundial, a Estados Unidos? ¿Qué es eso?” [1]. La demanda era crear mecanismos regionales de arbitraje dentro de UNASUR, foros que respetaran las realidades latinoamericanas en lugar de los intereses comerciales de Washington [1][6].

Esta medida fue parte de una ola regional. Bolivia había salido en 2007, y Ecuador bajo Rafael Correa siguió en 2009, decretando la salida para proteger a la nación de lo que se consideraba un sistema sesgado que otorgaba impunidad a las multinacionales [3][8]. Era una afirmación directa de que las constituciones nacionales y la voluntad popular debían prevalecer sobre las expectativas de ganancia de los inversores extranjeros. El principio central, consagrado en el Artículo 151 de la Constitución venezolana de 1999, era que las disputas sobre contratos de interés público debían ser decididas por los tribunales competentes de la propia república [5][8].

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Aquí es donde la narrativa de la soberanía se encuentra con la ominosa realidad de 2026.

Ecuador, trágicamente, proporciona una advertencia aleccionadora de cuán fácilmente pueden revertirse estas defensas tan duramente ganadas. En junio de 2021, el expresidente Guillermo Lasso retornó a Ecuador al CIADI, desmantelando el legado de Correa [contexto del usuario]. Ahora, el presidente Daniel Noboa busca completar la “armazón del saqueo” intentando que la Corte Constitucional apruebe un TBI con Emiratos Árabes Unidos [contexto del usuario]. Es una amarga repetición de la dinámica contra la que advierten los activistas de la región: un tratado diseñado para proteger la inversión extranjera durante décadas, atando a la nación a cláusulas de arbitraje que socavan la jurisdicción local.

Venezuela se encuentra ahora al borde del mismo precipicio. La evidencia de la disposición del actual gobierno para satisfacer las demandas de Washington se está acumulando a un ritmo vertiginoso. A mediados de enero de 2026, Delcy Rodríguez anunció una reforma a la Ley de Hidrocarburos [contexto de respuesta anterior]. A finales de mes, la Asamblea Nacional oficialista la aprobó, con el objetivo explícito de atraer inversores extranjeros [contexto de respuesta anterior]. Analistas calificaron la velocidad del proceso como “inusitada”.

Este cambio legislativo es el primer paso concreto hacia la creación del “marco legal y comercial” que los CEOs petroleros exigieron a Trump. Es el trabajo preliminar necesario para el tipo de Tratados Bilaterales de Inversión que incluirían inevitablemente cláusulas del CIADI. El contexto geopolítico más amplio confirma la dirección del viaje. El Secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, ha visitado Caracas para discutir una “agenda energética” y una “asociación productiva a largo plazo” [contexto de respuesta anterior]. La propia Delcy Rodríguez ha firmado un acuerdo para que EE.UU. comercialice hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano y se ha referido a Donald Trump como “amigo” y “socio” [contexto de respuesta anterior].

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Los paralelismos con la historia reciente de Ecuador son sorprendentes y profundamente preocupantes para quienes abogan por la soberanía nacional. Así como Noboa busca consolidar el regreso de su país al redil del CIADI con un nuevo TBI, el gobierno de Maduro-Rodríguez parece estar sentando las bases para una contrarreforma legal similar. Las preguntas de los ejecutivos petroleros sobre “protecciones duraderas” y “marcos legales” no son abstractas. Son un proyecto para una nueva era de subordinación legal.

El CIADI, como muestran los registros, no fue diseñado para equilibrar los intereses de los estados y los inversores. Su historia, con 232 de 234 fallos favoreciendo a las transnacionales, revela su función [3]. Es un mecanismo para imponer la “estabilización” que el capital exige, asegurando que si un futuro gobierno venezolano—elegido democráticamente o no—busca cambiar los términos de la extracción, no enfrentará una negociación política, sino demandas multimillonarias en Washington. Es, como señalan los activistas, la camisa de fuerza judicial que hace que la extracción sea “duradera por décadas”.

La salida de Chávez del CIADI en 2012 fue enmarcada como una defensa del “derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación” [3]. Hoy, ese derecho está bajo asalto directo, no desde un tribunal lejano, sino desde una confluencia de reforma legislativa doméstica y presión extranjera orquestada desde la Casa Blanca.

La lucha ahora es evitar una repetición del destino de Ecuador. Si el gobierno de Delcy Rodríguez continúa por este camino, firmando TBI que ceden jurisdicción y potencialmente allanando el camino para un retorno completo al CIADI, habrá deshecho uno de los actos soberanos más significativos de la era bolivariana. Habrá cambiado la promesa de un alivio inmediato de las sanciones por una camisa de fuerza legal a largo plazo. Y como saben los activistas y organizaciones que luchan contra el tratado de Noboa en Ecuador, una vez que te colocan esa camisa de fuerza, quitarla se convierte en una batalla no solo contra las corporaciones extranjeras, sino contra todo el peso del derecho internacional de inversiones.

El peligro es claro. El mecanismo está comprendido. La única pregunta que queda es si las fuerzas populares en Venezuela, como aquellas en Ecuador que están presentando cientos de escritos de amicus curiae y jurando que “venceremos”, pueden movilizarse a tiempo para detener el retorno del CIADI y preservar la soberanía que fue recuperada con tanto esfuerzo en 2012.

Referencias

Claro, aquí tienes la lista completa de las referencias utilizadas en el artículo, con la numeración que corresponde a cada cita en el texto:

[1] América Economía. (2012, 26 enero). Conozca los principales arbitrajes que Venezuela deja pendientes en el Ciadi. [citado en contexto sobre la salida de Venezuela del CIADI y los casos pendientes en 2012]

[2] Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. (s.f.). Venezuela en el contexto del arbitraje. Jurisprudencia de la Sala Constitucional y laudos internacionales relevantes. [citado en contexto sobre la adhesión de Venezuela al CIADI en 1993 bajo un gobierno “débil” y la propuesta de crear un centro de arbitraje en UNASUR]

[3] Notimérica. (2009, 3 julio). Ecuador denuncia convenio con tribunal arbitral CIADI. [citado en contexto sobre la estadística de 232 de 234 fallos a favor de transnacionales y la denuncia de Chávez sobre el CIADI como mecanismo del Banco Mundial y EE.UU.]

[4] vLex. (s.f.). El inversor español ante la nueva situación jurídica de Bolivia y Ecuador en el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI). [citado en contexto sobre la salida de Bolivia en 2007 y Ecuador en 2009 del CIADI como parte de una ola regional]

[5] El Telégrafo. (2013, 25 agosto). En Unasur las políticas públicas no podrían someterse a un arbitraje. [citado en contexto sobre países que no aceptaban jurisdicción de centros de arbitraje (Venezuela, Ecuador, Bolivia) y arbitrajes como el de OXY]

[6] Yahoo Finanzas. (2014, 24 septiembre). DATOS-Venezuela enfrenta cerca de una treintena de arbitrajes internacionales. [citado en contexto sobre la constitucionalidad del arbitraje y el monto del caso Exxon Mobil]

[7] CBHE News. (2026, 5 enero). Venezuela: arbitrajes pendientes de petroleras estadounidenses superan los u$s10.000 millones. [citado en contexto sobre la actualización de casos pendientes como ConocoPhillips (8.700 millones) y Exxon Mobil (1.300-1.600 millones)]

Nota sobre las citas adicionales en el texto:

Las referencias al contexto proporcionado por el usuario (como la reunión en la Casa Blanca, las declaraciones de Bloomberg, el regreso de Ecuador al CIADI bajo Lasso, el TBI con Emiratos Árabes bajo Noboa, y la reforma de la Ley de Hidrocarburos en enero de 2026) no tienen números de cita porque corresponden al material que tú mismo aportaste como parte de la consulta ([contexto del usuario]).

Las referencias a la Constitución venezolana de 1999 (Artículo 151) y a las nacionalizaciones en la Faja del Orinoco se basan en el conocimiento general sobre el marco legal venezolano y no en una fuente específica entre los resultados de búsqueda.