14 de marzo 2026
La Corte Constitucional de Ecuador ha emitido un fallo histórico que declara al Estado responsable de la detención ilegal y la tortura psicológica y física de seis menores de edad durante el Paro Nacional de Octubre de 2019. La sentencia no solo expone las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública, sino que también evidencia la criminalización de la protesta social y la falta de garantías para pueblos indígenas y jóvenes. Este artículo profundiza en los detalles de la sentencia, el contexto de represión de 2019 y el camino hacia la reparación para las víctimas.
El Fallo: Una Declaración de Ilegalidad y Maltrato
Doce años después de la última movilización masiva que hizo temblar al gobierno de turno, la justicia ecuatoriana ha dado la razón a las víctimas más vulnerables de la represión. En una sentencia difundida en marzo de 2026, la Corte Constitucional determinó que el Estado, a través de sus fuerzas del orden, fue responsable de la “privación de libertad ilegal y arbitraria” de seis adolescentes de entre 14 y 17 años, dos de ellos pertenecientes a la nacionalidad indígena Kichwa, durante las protestas de octubre de 2019 .
Los hechos, ocurridos el 12 de octubre de 2019 en Quito, pintan un cuadro desolador de abuso de poder. Según el fallo, los menores fueron detenidos por agentes policiales “bajo malos tratos, privados de su libertad en un lugar no autorizado, permanecieron incomunicados, no fueron separados de las personas adultas privadas de libertad y sus derechos fueron leídos luego de más de diez horas de la aprehensión” . Esta descripción oficial confirma que el Estado no solo falló en proteger a su población juvenil, sino que activó su aparato de seguridad para infligir daño de manera premeditada y sistemática.
La Corte fue tajante al señalar las múltiples vulneraciones: se violó el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, y al debido proceso. Además, se hizo hincapié en la ausencia total de un enfoque intercultural para los dos adolescentes indígenas, una omisión grave en un país que se autodefine como plurinacional e intercultural . La decisión ratificó una sentencia de habeas corpus que ya había permitido a los menores seguir en libertad, pero ahora, con el peso de la Corte Constitucional, se establece una jurisprudencia fundamental para la protección del derecho a la protesta.
La Criminalización de la Protesta: De “Terrorismo” a la Falta de Pruebas
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es el uso de la maquinaria judicial para perseguir a los manifestantes. En un principio, los seis adolescentes fueron acusados falsamente del delito de “terrorismo” , una figura penal de alta connotación política que conlleva graves estigmas y las más severas consecuencias jurídicas . Con el avance del proceso, y ante la falta de sustento, la Fiscalía reformuló la acusación a “paralización de servicios públicos”. Sin embargo, en ambos casos, el ente acusador no pudo presentar las pruebas necesarias para sostener la imputación, lo que derivó en el archivo del caso.
Este patrón de criminalización no fue un hecho aislado. Durante los 11 días de paro, organizaciones de derechos humanos documentaron decenas de casos de detenciones arbitrarias. Una alerta de octubre de 2019 ya denunciaba que 83 personas, incluidos adolescentes, permanecían detenidas de forma irregular en estaciones policiales no autorizadas, como el grupo GIR en Pomasqui, y que jueces se negaban a recibir acciones de habeas corpus . La acusación de terrorismo se convirtió en una herramienta para deslegitimar la protesta social y sembrar el miedo, y esta sentencia de la Corte Constitucional desmonta jurídicamente esa estrategia en el caso de estos seis jóvenes.
El Contexto: Un País Asfixiado por la Represión
El Paro de Octubre de 2019 fue un estallido social sin precedentes en la historia reciente de Ecuador. La causa inmediata fue el Decreto Ejecutivo 883, emitido por el entonces presidente Lenín Moreno, que eliminaba los subsidios a los combustibles como parte de un paquete de medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Lo que comenzó como una convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) pronto se convirtió en un movimiento nacional que paralizó al país y puso en jaque al gobierno.
La respuesta del Estado fue una escalada de violencia que dejó una huella imborrable. Aunque las cifras varían según la fuente, el costo humano fue devastador. La ONU reportó al menos 9 fallecidos y 1,507 heridos , mientras que el gobierno del entonces ministro de Gobierno, María Paula Romo, reconoció 6 muertos y más de 1,300 detenidos . A estos números se suman más de 30 personas con mutilaciones oculares causadas por perdigones disparados a quemarropa por la policía y las fuerzas armadas, una práctica que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como un posible uso excesivo y desproporcionado de la fuerza .
La Misión de la ONU en Ecuador documentó que los agentes del orden disparaban “granadas de gas lacrimógeno y perdigones directamente a los manifestantes a muy corta distancia”, lo que causó cientos de heridas y posiblemente algunas de las muertes . La declaración del estado de excepción y el toque de queda en Quito militarizaron las calles y crearon el caldo de cultivo perfecto para que los abusos, como los sufridos por estos seis adolescentes, ocurrieran con total impunidad.
Las Reparaciones: Un Intento de Restituir la Dignidad
Frente a la gravedad de los hechos, la Corte Constitucional no solo declaró la violación de derechos, sino que dictó una serie de medidas de reparación integral para las víctimas, con el objetivo de mitigar el daño causado y evitar que se repitan estos patrones. Estas medidas son un reconocimiento explícito del sufrimiento infligido por el Estado y una hoja de ruta para la no repetición:
- Atención Psicológica: El Ministerio de Salud Pública deberá proporcionar atención psicológica especializada y gratuita a los seis adolescentes, reconociendo el profundo trauma causado por la detención violenta, el maltrato y la incomunicación.
- Becas Educativas: El Ministerio de Educación otorgará becas que cubran los gastos de estudios superiores o de educación continua para las víctimas, buscando reparar el daño al proyecto de vida de estos jóvenes .
- Disculpas Públicas: El Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura deberán ofrecer disculpas públicas a las víctimas y sus familias. Este acto simbólico busca restaurar la dignidad de los menores y reconocer, ante la sociedad, la responsabilidad estatal en los hechos.
- Garantías de No Repetición: La sentencia también ordena al Estado la elaboración de protocolos específicos para la detención de adolescentes en contextos de protesta social, así como la capacitación obligatoria para funcionarios judiciales y policiales en materia de derechos de la niñez y adolescencia y enfoque intercultural .
Responsabilidad Política y la Deuda de la Impunidad
El fallo de la Corte Constitucional es una victoria judicial indiscutible para las víctimas y sus familias. Sin embargo, la sentencia también ilumina una realidad más amplia y preocupante: la impunidad que aún rodea a los crímenes de octubre de 2019. La CONAIE celebró el fallo como una “victoria de la lucha de los pueblos del Ecuador”, pero recordó que este es solo un paso en el largo camino hacia la justicia .
Mientras estos seis jóvenes reciben una reparación, la pregunta sobre la responsabilidad política y penal de los altos mandos que diseñaron y ejecutaron la represión sigue sin respuesta. Nombres como los de Lenín Moreno (expresidente), Otto Sonnenholzner (exvicepresidente), María Paula Romo (exministra de Gobierno) y Nelson Villegas (excomandante de la Policía), entre otros, permanecen en la esfera de lo políticamente cuestionado, pero sin que existan procesos judiciales que los señalen como responsables directos de las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Organismos internacionales como la ONU y la CIDH pidieron en su momento investigaciones “independientes, imparciales y transparentes” sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos . Años después, y a pesar de fallos como este, la estructura de impunidad se mantiene casi intacta para los tomadores de decisiones. La sentencia a favor de los seis adolescentes sienta un precedente crucial, pero el historial de 11 asesinatos, más de 1,500 heridos y cientos de detenciones arbitrarias aún clama por una verdadera rendición de cuentas que abarque a todos los niveles del Estado. Mientras tanto, la lucha por la memoria y la justicia continúa.
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